En 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró a Colombia como responsable en la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de 43 personas de Pueblo Bello en Turbo, Antioquia. Como parte de las medidas de reparación, el Minculturas debe construir un lugar de memoria que les permita a las víctimas recordar a sus familiares. Así avanza el Centro Cultural Monumento ‘Cicatriz’.

A inicios de la década de 1990, en el corregimiento Pueblo Bello de Turbo, Antioquia, se perdieron 43 cabezas de ganado del líder paramilitar Fidel Castaño, quien, desde la finca Las Tangas, declaró a los habitantes de este centro poblado como responsables y ordenó el 14 de enero de 1990 perseguirlos, capturarlos, transportarlos hacia su finca, interrogarlos y torturarlos. Ninguna de estas personas salió con vida de allí. Como dijeron los familiares de las víctimas: “Cambiaron gente por ganado”.

Este diseño parte de un boceto del artista Germán Botero, quien quiso evidenciar la cicatriz que se le hizo a una sociedad cuando se atentó contra la vida.

Desde el 15 de enero de ese año, los familiares de las víctimas iniciaron un largo camino para reclamar justicia y verdad. Lo hicieron ante la justicia ordinaria, en cabeza de la Fiscalía 42 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, que adelantó varias diligencias en la finca Las Tangas, ordenó la captura de algunos jefes paramilitares, entre los que estaba Fidel Castaño, y exhumaciones en el cementerio San Antonio de Montería.

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Pero también tuvieron negativas, pausas y muy poco esclarecimiento frente a los hechos. Se acercaron a la justicia penal militar, que, desde el Juzgado 21 de Instrucción Penal Militar, cerró el caso en repetidas ocasiones por “no haberse establecido infracción a la ley penal”; y se enfrentaron contra el Ministerio de Defensa, proceso que no tuvo movimiento alguno.

Después de todos los recursos y las demandas presentadas ante las autoridades colombianas, y al no haber esclarecimientos de muchos de los hechos que se presentaron en la masacre de Pueblo Bello, los familiares de las víctimas decidieron presentar una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, el 23 de marzo del 2004.

Aquí habrá placas con los nombres de cada una de las 43 víctimas de la masacre de Pueblo Bello.

Dos años después, el 31 de enero de 2006, la CIDH declaró culpable al Estado colombiano en el caso “Pueblo Bello vs Colombia”, al encontrar al país como responsable en la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de estas 43 personas a manos de un grupo paramilitar y por la falta de investigación y sanción de los responsables de los hechos.

La sentencia le ordenó un paquete de medidas de reparación a Colombia para garantizar la restitución de derechos, la indemnización por los daños causados, la búsqueda de las personas desaparecidas, la apertura de las investigaciones cerradas por las autoridades colombianas y la garantía de no repetición de ese hecho que acabó con la vida de campesinos que veían con esperanza la bonanza bananera en el Urabá.

“Siempre están aquí y acá. No se olvidan. Si un golpecito me doy, me acuerdo de ellos. Son personas inolvidables, que uno calma, pero que no olvida”, dice Diva del Socorro, familiar de dos de las víctimas, al tocarse la cabeza y el corazón.

Una de las órdenes de la CIDH, que corresponde al componente de memoria, fue realizar un monumento en el que los familiares de las víctimas pudieran recordarlas, rememorarlas, y hallarlas de alguna manera.

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De acuerdo con Óscar Ramírez, director de Litigio de la Comisión Colombiana de Juristas y abogado de las víctimas, “las medidas de memoria tienen una connotación muy importante: buscan que la sociedad no olvide, que no olvide este grave atentado que ocurrió en contra de la humanidad, de las personas, de campesinos y pobladores, y que permanezca en la memoria de las siguientes generaciones”.

Para reducir el rezago que hay en el cumplimiento de esta orden, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes contrató en 2023 una consultoría para la realización de los estudios y diseños del Centro Cultural Monumento Cicatriz, que parten de un boceto del artista Germán Botero, quien buscó evidenciar la cicatriz que se le hizo a una sociedad. Un diseño atravesado por una línea roja que representa el rompimiento cuando se atenta contra la vida.

“Para nosotros como víctimas, este monumento obviamente no nos va a devolver a los seres queridos que se perdieron, pero, es un lugar donde algunas personas van a tener la oportunidad de recordarlos, aunque siempre los vamos a tener presentes en nuestros corazones. Va a ser un lugar donde muchas personas que, aunque no los conocieron en su momento, van a poder llegar a compartir y apoyarnos también”, dijo Nelly, familiar de las víctimas, quien tuvo la oportunidad de conocer los diseños de esta obra en un espacio de socialización organizado en la sede de Ciencias del Mar de la Universidad de Antioquia, en Turbo, después de casi 35 años de los hechos.

En el lugar del monumento también se sembrarán 43 árboles en memoria de las víctimas.​

El objetivo de este espacio fue mostrarles a los familiares de las víctimas el diseño del centro cultural, que ellos hicieran comentarios y que se llegara a acuerdos con la consultoría frente a las especies de árboles que se plantarán en el lugar, pues el boceto de Botero contemplaba 43 árboles en memoria de cada una de las víctimas.

“Vamos a tener lo que siempre queríamos obtener: una parte donde llegar, donde recordar. Ese espacio en el que uno va a llegar con muchos recuerdos y ahí va a tener el lugar donde decirles algo, aquí están o aquí reposan. Ya que por ningún lado aparecen, pero al menos hay ese lugar donde uno llega y aquí, aquí están”, agregó Diva, quien, como otras víctimas, espera estar viva para conocer y recorrer el centro cultural, así como ver los dos árboles de sus familiares, que recuerda como alegres y fuertes.

“Estamos aquí porque la Corte Interamericana condenó al Estado colombiano y le ordenó que lo hiciera. Y está en mora de hacerlo desde hace muchos años. Nos parece muy positivo que este Gobierno haya tomado la decisión de cumplirle a las víctimas la orden dada por la Corte”, agregó Ramírez.

Se estima que este proyecto tenga licencia de construcción en julio próximo y que en septiembre de este año se abra el proceso licitatorio para la contratación de la construcción de la obra.

El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes trabaja en los ajustes propuestos por la comunidad a través de la consultoría contratada por el Grupo de Infraestructura Cultural, y ha hecho un acompañamiento al caso y a la sentencia “Pueblo Bello vs Colombia” desde la Dirección de Poblaciones.