La identidad de las naciones se ha visto gravemente amenazada por la
pérdida continua y progresiva de su patrimonio cultural. Los bienes que
lo conforman se han convertido en objeto de un negocio delictivo que
enriquece a las redes internacionales de comercio ilegal. El hurto, el
saqueo, el comercio ilegal, las excavaciones clandestinas y las
falsificaciones, entre otros delitos, alimentan el tráfico ilícito, al
igual que los cambios socioeconómicos y culturales, que son consecuencia
de la globalización. Todos estos factores son una amenaza constante
para la preservación de los bienes culturales.
El
creciente y progresivo incremento de los mencionados actos delictivos, a
los que se suma el vandalismo, continúa causando un daño irreparable a
las comunidades colombianas, no solamente porque empobrece su
patrimonio, sino porque priva a las generaciones presentes y futuras del
conocimiento de su historia. Las expresiones culturales, artísticas,
utilitarias o documentales, individuales o colectivas, de autores
reconocidos, anónimos o correspondientes a producciones populares, son
el verdadero testimonio de las sociedades y culturas que han existido y
conviven actualmente en el territorio nacional.
El tráfico
ilícito de bienes culturales está catalogado como el cuarto problema
mundial, después del tráfico de drogas, armas y especies protegidas, y
se lo considera una amenaza multidimensional a la seguridad de las
naciones . De este flagelo no se libra ningún país.
Los
países realizan gestiones y acciones para proteger sus testimonios,
tanto internamente como de forma cooperada en el ámbito internacional.
Estas acciones se refieren al desarrollo de programas relacionados con
el inventario y registro, la formación y divulgación; con la creación de
instrumentos pedagógicos; con la firma de convenios multilaterales,
regionales y bilaterales; con el fortalecimiento de las normas legales y
con la definición de procedimientos que faciliten la recuperación y
repatriación del patrimonio cultural mueble.
La protección
del patrimonio cultural es responsabilidad conjunta del Estado y la
sociedad. En su Artículo 8, la Constitución Política de Colombia
establece: “Es obligación del Estado y de las personas proteger las
riquezas culturales y naturales de la Nación”. Para dar cumplimiento a
este mandato, el Ministerio de Cultura, a través de sus diferentes
direcciones y entidades adscritas, como el Instituto Colombiano de
Antropología e Historia (ICANH), el Archivo General de la Nación, el
Museo Nacional y la Biblioteca Nacional, trabajan en pro del
conocimiento, la protección, conservación, restauración y difusión del
patrimonio cultural. Tales acciones se desarrollan mediante proyectos
orientados a incorporar el patrimonio cultural como factor primordial en
el desarrollo cultural del país, y a consolidar un manejo eficiente y
sostenible de los bienes que constituyen dicho patrimonio.
El
Plan Nacional de Cultura 2001-2010 definió los campos de políticas en
donde se determinan las estrategias que deben implementarse. El campo de
creación y memoria establece la importancia y necesidad de registrar y
preservar los patrimonios que son representativos de valores, memorias,
luchas y gestas de los pueblos, y que potencialmente corren el riesgo de
desaparecer. Como estrategia, plantea el diseño de mecanismos que
protejan las memorias de los efectos directos o colaterales del
conflicto armado y del tráfico ilícito.
En Colombia, las
acciones de prevención y control de este tráfico se promueven a través
de la Campaña Nacional contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales,
que propende por la vinculación de diferentes sectores y actores para
crear un frente común en la protección patrimonial. Los avances se
encuentran en el Informe de Gestión.