Por Ivonne Chávez
En el malecón de Quibdó, con una temperatura de casi 28º, se impone el majestuoso río Atrato. Sus canoas de colores, cargadas de miles de racimos de plátano verde, llegan al pequeño muelle que se caracteriza por la sonoridad alegre de sus pobladores. En medio de esta escena se acerca Juan Carlos Palacios, con paso presuroso.
“No me puedo demorar” es lo primero que dice, pues durante todo el día se reunirá con diferentes personas para seguir trabajando por la defensa del río Atrato.
La comunidad de El Arenal está ubicada a orillas de la cuenca del río Atrato.
El Chocó es un territorio que ha logrado organizarse en la defensa de sus derechos. Resultado de esa lucha se logró la Ley 70 de 1993, que reconoce a las comunidades negras, sus prácticas tradicionales, la protección de la identidad cultural y derechos como grupo étnico.
“Desde siempre hemos tenido una lucha por la defensa de nuestros derechos. Eso ha sido histórico, casi que significativo en el Chocó. De ahí nace toda esta defensa de los derechos bioculturales del territorio y el interés de querer hacer incidencia en la protección del río Atrato”, dice Juan Carlos.
Oriundo de la comunidad de El Arenal, ubicada a orillas de la cuenca del río Atrato, recuerda que desde los 8 años se lanzaba al río desde la casa de la abuela. “Eso me generó una conexión especial con el río porque yo sentía que ese río era todo para mí. En ese tiempo, el río subía dos veces a nuestra casa y para nosotros era como una bendición, porque la aprovechamos para bañarnos, jugar, limpiar la casa, para todo tipo de cosas... eso nos conectaba”, recuerda.
Pero en los últimos años esa comunidad del río ha ido cambiando de manera negativa. Juan Carlos cuenta que la llegada de la actividad minera comenzó un proceso de contaminación, de vertimientos de petróleo y de ACPM (Aceite Combustible para Motores), que fue afectando la relación de la población con el río. Y empezó a cambiar la forma tradicional y ancestral como las comunidades se relacionan con él.
“A la gente que hacía uso del río —cuenta Juan Carlos— le generaba piquiña, la ropa que se lavaba quedaba oliendo a ACPM. Ya la gente no hacía actividades en el río. Entonces, comenzamos a ver que era un río que se estaba muriendo”.
Juan Carlos es un hombre alto, delgado, con ojos soñadores, con una sonrisa característica de la gente del Chocó. Un hombre comprometido con su pueblo y territorio. Cuando empezó a darse cuenta de esta problemática, estaba en la universidad estudiando Biología con énfasis en recursos naturales y ahí se preguntó: “¿Cómo puedo aportar? ¿Qué puedo hacer?” Y comenzó a mirar cuál era el camino para acompañar procesos comunitarios.
Se conectó con los consejos comunitarios, las estructuras organizativas, las luchas sociales. Participó en los espacios de construcción y fue ahí donde llegó a los Guardianes del Atrato.
Todo arrancó con un grupo de personas de tres organizaciones significativas del Chocó que debían entregar una “tarea” para el diplomado que estaban realizando en el Foro Interétnico Solidaridad Chocó (FISCH). La premisa: una propuesta que tenga incidencia en la cuenca del río Atrato, que garantice los derechos del río y con ello los de la comunidad.
Cuando los Guardianes del Atrato presentaron la primera tutela, les dijeron que estaban locos, que eran una locura defender los derechos a un ser no vivo, pero Juan Carlos siempre pensaba “¿Seremos nosotros los locos, buscando el bienestar para nosotros, y para el mundo? ¿Serán ellos los locos que no alcanzan a entender la realidad de hacia dónde va la naturaleza?”.
Con la llegada de la actividad minera, en el Atrato comenzó un proceso de contaminación, de vertimientos de petróleo y de ACPM.
Su lucha los llevó a lograr la Sentencia T-622. En el 2016, la Corte Constitucional colombiana reconoció “al río Atrato, su cuenca y afluentes como una entidad sujeto de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y las comunidades étnicas".
Desde entonces, el mayor reto que han tenido los Guardianes del Atrato es conectar la mentalidad de los responsables del cumplimiento de esta sentencia (funcionarios, ministerios, etc.) con el río, con los derechos ambientales y bioculturales. “El camino es lento, porque en Colombia no se tenía claridad de cómo atender unos derechos colectivos, pero peor aún, pensar que teníamos que pasar ese límite de defendernos a nosotros como humanidad, a defender nuestros recursos naturales”, dice Juan Carlos.
Él muchas veces se ha preguntado cómo sería el Chocó sin el Atrato, pero bloquea ese pensamiento porque le da miedo. “Creo que nosotros sin el río Atrato, que es nuestra mayor fuente de poder, seríamos unos desterrados porque como población estaríamos dados a no vivir, a estar reprimidos de nuestro ser”.
Cuando se recorre el río Atrato se ve el brillo del agua, las canoas que traen los alimentos de los cultivos, se ve la vida del Chocó. “Y uno dice —asegura Juan Carlos— esa es la vida nuestra, ahí está todo lo que somos como territorio. El río Atrato me huele a esperanza, a resiliencia, a lucha, a proceso, a bienestar, a diversidad, a vida”.
Hoy, después de 8 años, le dicen a la gente que no estaban locos. Le dicen que hechos como la falta de agua —por ejemplo, en Bogotá— están demostrando que sí o sí debemos defender y cuidar nuestras fuentes hídricas. Le dicen que reconozcan cuál es su fuente de agua así no tengan la oportunidad de estar a la orilla de un río, de nacer cerca de él.
“Si mi fuente de agua es una ducha, eso se convierte en mi río. Si yo vivo en un laguito, eso se convierte en mi río. Que vean esa fuente de agua como su propio río, como su propia vida. Es defender ese pequeño río que tenemos, es proteger nuestra propia vida”, concluye.
"Creo que nosotros sin el río Atrato, que es nuestra mayor fuente de poder, seríamos unos desterrados", asegura Palacios.